En esta semana, en un accidente de tren, murieron en Buenos Aires cincuenta y una personas, todos seres anónimos. Ninguno de ellos vinculados al poder del gobierno actual ni a ninguno de los grupos de presión o poderes indirectos que manejan la sociedad argentina hoy.
Todos de condición humilde que a las ocho de la mañana se dirigían a sus trabajos y quehaceres diarios.
El sistema ferroviario argentino fue privatizado en la época del gobierno liberal de Menem y es usufructuado por grupos económicos a los cuales el Estado les entrega un subsidio mensual para su mantenimiento. En este caso se trata de la empresa TBA (Transportes Buenos Aires) cuyo dueño es el poderoso grupo Cirigliano, favorito de los Kirchner.
Ante semejante accidente se produjeron tres reacciones distintas por parte de los actores que convergen en él: a) el gobierno se presentó como querellante con lo cual evita de entrada ser implicado como corresponsable. b) El grupo Cirigliano atribuyó el hecho a un error humano del maquinista y c) el sindicato de la Fraternidad, que nuclea a los maquinistas, se calló la boca y no dijo nada.
Si Argentina fuera un país serio y no este conglomerado de gente suelta en lo que nos hemos convertido, para resarcir en parte el sufrimiento producido, tendrían que ejecutarse tres decisiones: a) El gobierno, la presidente con el cuerpo de sus ministro, tendría que exigir la renuncia de todos los funcionarios del sector desde el ministro o secretario de transportes hasta el último director del área. b) El grupo Cirigliano indemnizar todos los familiares de las víctimas sin necesidad de ir a juicio y c) El consejo directivo completo del sindicato de La Fraternidad presentar su renuncia indeclinable.
¿Por qué estas tres decisiones? Porque el gobierno, a través de sus funcionarios, no controló a la empresa TBA como corresponde. El personal a cargo no cumplió con su tarea ni estuvo a la altura de sus responsabilidades.
El Grupo Cirigliano ni reinvirtió sus ganancias en la empresa TBA, ni utilizó el enorme monto de subsidios que recibe mensualmente del Estado para mejorar el servicio sino, se sabe, compraba dólares y especulaba en la Bolsa de Valores de Buenos Aires.
Y finalmente, el sindicato de La Fraternidad no cumplió con el primero de los deberes sindicales que es velar por la salud e integridad de sus afiliados en el trabajo. No exigió que el tren estuviera en condiciones “para correr” ese día.
Los 51 muertos no van a renacer. Para Argentina que ha sido una nación “de esperanzas” donde el respeto a la vida personal contaba, pues el hombre no era un simple número de documento de identidad, es necesario que estas tres decisiones que proponemos se tomen en forma inmediata para paliar en parte el dolor que todos sentimos por la muerte de este medio centenar de jóvenes trabajadores argentinos a quienes la indolencia de un grupo empresario inescrupuloso, la de funcionarios corruptos y la de sindicalistas burócratas les truncó la vida en la plenitud.
Alberto Buela
arkegueta, mejor que filósofo
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